Casi a las puertas de la declaración del Estado de Alarma para frenar la pandemia por coronavirus, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley con medidas urgentes para mejorar la rentabilidad de quienes producen alimentos en el campo. También a las puertas quedó el debate en torno a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Con independencia de las medidas, también urgentes, que se han aprobado para aminorar el impacto de la covid-19 sobre el medio rural, los sectores que trabajan en él piensan que no hay que perder la oportunidad de seguir trabajando por unos fondos europeos social, ambiental y económicamente más justos.
“Debemos seguir invirtiendo el dinero de los contribuyentes en las comunidades locales, ya que esto beneficia tanto a los contribuyentes netos como a los beneficiarios netos del presupuesto de la Unión Europea (UE). Reducir los fondos de la UE destinados a hospitales y escuelas, transporte local, medio ambiente, universidades y pequeñas empresas sería un fracaso para las personas y un regalo para el populismo”. Antes de que la covid-19 entrara a fondo en Europa, Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité Europeo de las Regiones, alertaba sobre el riesgo de que el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 afecte negativamente a la política de cohesión si se recorta en un 12 % en comparación con el marco actual 2014-2020. Este recorte puede llegar incluso al 14 % en el caso de la PAC, lo que motivó el plante de países como Italia y España. El previsible impacto social y económico que dejará la covid-19 hace precisamente más necesario reforzar esas políticas de cohesión.
Luis Planas ha señalado que la cantidad adicional propuesta para la PAC es un reconocimiento a su importancia en la sociedad europea.
Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité Europeo de las Regiones.
Manifestación de las principales organizaciones agrarias, previa al Real Decreto-Ley 5/2020.
